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Tiendas de raya: deuda eterna

Por: Natalia Arroyo Tafolla

Cómo funcionaban las tiendas de raya Cómo funcionaban las tiendas de raya

¿Qué sería de nosotros si todavía existieran las tiendas de raya? Imaginen endeudarnos por un kilo de maíz o unos cuantos huevos. Comprar a precios exhorbitantes unos pantalones de mala calidad, un sombrero o unos huaraches y además, transmitir a nuestros hijos una gran deuda por comprar artículos de primera necesidad. Hoy tenemos la libertad de adquirir productos en el puesto, tienda o supermercado que más nos convenga, sin embargo, hace menos de 100 años las cosas no eran así.

Las tiendas de raya eran los establecimientos de crédito en donde el trabajador tenía (sí, a fuerza) que comprar sus frijoles, verduras, carne, ropa, calzado, licor o cualquier cosa que necesitara. Los dueños de las haciendas eran también los dueños de las tiendas, por lo que éstas se ubicaban dentro de sus terrenos. Por medio de vales, los peones solicitaban productos, se les anotaba en un libro el monto que el patrón establecía y después se les descontaba de su salario.

Aunque a simple vista, esto parezca un medio seguro para la adquisición de bienes materiales y alimenticios, había algo turbio, se cometían muchos abusos. Los precios de las tiendas eran altísimos; la mayoría de los peones eran analfabetas y los encargados de la tienda de raya les anotaban cantidades extras, que los trabajadores firmaban con una raya (de ahí el nombre); los vales otorgados sólo podían ser canjeados en el lugar donde trabajaban y no podían trabajar en otra hacienda hasta que la deuda estuviera saldada. Otra trampa del patrón era invitarles un aguardiente a su cuenta, después quizás otra ronda y cuando el trabajador, ya entrado en copas, pedía más, era el momento de anotarles los tragos consumidos (y los no consumidos también).

Esta deuda los esclavizaba; si al peón se le ocurría huir, el patrón tenía el derecho de hacerlos traer a la fuerza, a golpes o con la policía. La muerte tampoco era una opción para escapar de la deuda, pues se transmitía a la familia del peón.

Por obvias razones, las tiendas de raya eran lugares odiados por el pueblo y las objeciones generaron huelgas, como la de la mina de Cananea, en Sonora, en 1906; al año siguiente, la de Río Blanco, en Veracruz. En ambas, los trabajadores exigían jornadas laborales más cortas, descansos dominicales, salarios mínimos y por supuesto, la abolición de las aborrecidas tiendas.

Al estallar la revolución mexicana, el odio acumulado tras años de explotación se dirigía en gran parte a las tiendas de raya y a sus administradores. Los saqueos no se hicieron esperar, destruían los establecimientos y robaban los botines.

Emiliano Zapata, bajo su sentencia “Libertad, Justicia y Ley”, anunció el fin de estos abusos en su Manifiesto al pueblo, en agosto de 1914:  “[…]no se conformará el país con sólo la abolición de las tiendas de raya, si la explotación y el fraude han de subsistir bajo otras formas; no se satisfará con las libertades municipales, bien problemáticas, cuando falta la base de la independencia económica, y menos podrá halagarlo un mezquino programa de reformas a las leyes sobre impuesto a las tierras, cuando lo que urge es la solución radical del problema relativo al cultivo de éstas.”

El tan aclamado fin, llegó el 22 de agosto de 1915, con el decreto de abolición a las tiendas de raya que proclamó Venustiano Carranza. En este decreto, reprobaba la acción de los hacendados a la explotación del peón, como trabajador y como comprador; proponía que el poder público interviniera para facilitar el libre comercio y así los precios bajaran y existiera una mayor variedad de productos.

Entre estas y más consideraciones, terminó por establecer el siguiente artículo: “Se declara la utilidad pública la erección de edificios destinados a servicios municipales y al establecimiento de mercados y cementerios, en toda población, finca rústica o centro industrial, fabril o minero en que lo juzgue conveniente el Ayuntamiento a cuya jurisdicción pertenezca este, verificándose la adquisición de los terrenos necesarios para ese efecto de conformidad con las disposiciones de la ley de expropiación que expedirá este Gobierno.”

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