"Los ""infidentes"" y la Independencia"

Aires libertarios - Hechos

A principios del siglo XIX el término ""infidencia"" fue utilizado por las autoridades españolas en la Nueva España para nombrar un tipo de delito muy particular. El significado de esta palabra provenía del latín y significaba faltar a la confianza, pero en el contexto de la época se entendió como un agravio de los súbditos que dejaban de ser fieles a la Corona Española. Desde 1808, año en que se suscitó la crisis de la monarquía española por la ocupación francesa, las autoridades comenzaron a llevar procesos en contra de los infidentes novohispanos, conspiradores y ""subversivos"" o ""revolucionarios"" contra la Monarquía.

En 1809 se creó en Nueva España la Junta de Seguridad y Buen Orden, que tenía el objetivo de juzgar los delitos políticos. Era un mecanismo de inteligencia para vigilar tanto las conductas como la conciencia de los súbditos en tiempos de crisis. Las actividades perseguidas eran las la sedición, delitos de palabra, intentos de desestabilización o rebeldía; también perseguía el ""afrancesamiento"", que en el contexto de la época significaba ser partidario de Napoleón Bonaparte o de su hermano José I.

La Junta realizaba juicios contra los individuos sospechosos de caer en la infidencia mediante  interrogatorios que tenían el objetivo de descubrir si existían indicios de sedición y develar las redes de conspiradores, si es que éstas existían. También para saber si había una inclinación favorable hacia la lucha insurgente o la ocupación francesa.

El procedimiento partía de la sospecha de que alguien estuviera incurriendo en algún delito de desobediencia, que por lo general nacía de la denuncia informal de alguien que hubiera notado una conducta extraña, quien lo notificaba al cura del pueblo o directamente a las autoridades.

En los procesos de infidencia puede observarse que las autoridades españolas pretendieron extremar sus niveles de control y vigilancia, pero un importante número de novohispanos que eran favorables a la independencia actuaron en secreto para apoyar la causa. Con ello se daba por iniciado el juicio y se procedía a detener al inculpado. En caso de que esto último no fuera posible, sus bienes podían ser incautados. Ya entonces comenzaban las indagatorias e interrogatorios al acusado y los testigos que podían llevar incluso años en darse por terminados.

Los juicios muestran que las razones para ser interrogado por la Junta eran diversas. En 1809, por ejemplo, se le siguió un juicio al colegial Francisco de Mugarrieta por haber despreciado el retrato de Fernando VII. Poco tiempo después los delitos perseguidos eran más graves, como trasladar correspondencia insurgente o ayudar de alguna forma al ejército independentista. En 1812, por ejemplo, se enjuició a José Antonio Cueto por encontrarlo escondido cinco días en un rancho con un uniforme insurgente y cartas ""comprometedoras"".

Los juicios de infidentes son una muestra de que la lucha por la independencia de México fue una causa apoyada por muchos individuos, tanto hombres como mujeres, que arriesgaron su seguridad y sus bienes para luchar por el establecimiento de un nuevo régimen.