El Seguro Social en la historia de México

La estabilidad - Vida Cotidiana

En los primeros días de diciembre de 1942 el presidente Manuel Ávila Camacho promovió la Ley de Seguro Social en el Legislativo, que sería aprobada el último día del año y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 19 del mes siguiente; con ella se consolidó un marco institucional para contribuir con el cumplimiento de una serie de demandas que tuvieron presencia en México prácticamente desde el siglo XIX, referentes al trabajo, la salud y la calidad de vida.

El texto de la Ley expresaba que su objetivo primordial era: ""garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo""; además de estipular que mediante un financiamiento tripartita (trabajadores, patrones y gobierno) se brindarían estos servicios necesarios a la mayoría de la población.

El desarrollo de las políticas sociales en México posibilitó que esta Ley se promulgara, pues desde mediados del siglo XIX fueron configurándose los precedentes legales que sentaron las bases institucionales para echar a andar este proyecto. Con las Leyes de Reforma y el proceso de secularización las obras de beneficencia que eran monopolio de la Iglesia católica comenzaron a debilitarse, pues los bienes desamortizados por el Estado pasaron a manos del Estado o particulares y paulatinamente los gobiernos empezaron a llenar este vacío. Sin embargo la concepción inicial del apoyo a sectores sociales específicos continuó considerándose como un acto de beneficencia, y el término tardó mucho tiempo en modificarse y evolucionar hacia la noción moderna de seguridad social.

Durante el gobierno de Juárez por primera vez el Estado implementó medidas públicas orientadas a la salud y al socorro a los necesitados, y se añadieron la educación y la previsión sanitaria, aunque el precedente legal de la seguridad social ocurrió en 1887 cuando se unificó el sistema de loterías para la beneficencia pública, de modo que fuera posible recaudar suficientes ingresos que se destinaran exclusivamente a propósitos sociales. Con ello se estipuló tanto el deber del Estado de cubrir ciertas áreas sociales, como el de la necesidad de que la sociedad apoyara esta labor.

Sin embargo la lucha revolucionaria sería el momento central en que las demandas sociales se hicieron presentes con tal fuerza, que los gobiernos no podían omitir la necesidad de emprender acciones para modificar las condiciones de marginación, pobreza, desigualdad y carencia de servicios en gran parte del país. La Constitución de 1917 recogió el espíritu de estas demandas, sobre todo en el artículo 123º, que se orientó a los derechos laborales y la implementación de condiciones higiénicas y el 3º a la educación.

A través de la formación de dependencias encargadas de áreas sociales específicas paulatinamente el gobierno mexicano inició la implementación de esta legislación: en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, en 1925 la Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro y al año siguiente el Departamento de Salubridad; en 1934 la Secretaría de Salubridad Pública y cuatro años después la de Asistencia Pública.

La consolidación de la Ley del Seguro Social llevó su tiempo, pues desde el gobierno de general Lázaro Cárdenas quien desde 1935 enunció su formulación, aunque fue hasta tres años después que la presentó formalmente al Congreso. Sin embargo ésta no fue aprobada ya que en aquel momento se omitió estratégicamente pues el gobierno mexicano estaba concentrado en el problema de las indemnizaciones relacionadas con la expropiación petrolera.

Por ello fue hasta el gobierno de Ávila Camacho la cuestión se retomó y cristalizó en la fundación y funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual se consideró un pilar del desarrollo social del país y ha sido el instrumento del Estado para hacerse cargo del bienestar público. En la década de 1980 tanto el IMSS como otras instituciones de seguridad social como el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda (INFONAVIT) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado (ISSSTE) comenzaron a ser reestructuradas en el marco de la crisis económica y el proyecto económico neoliberal, con lo que abandonaron los ideales sociales inspirados en la Revolución Mexicana.