El fondo piadoso de las Californias

La Nueva España - Vida Cotidiana

Seguramente muchas personas han padecido en más de una ocasión los vicios intrínsecos a la burocracia: lentitud, injusticia, ineficiencia, falta de claridad.  Quizá pocas sepan que también en el ámbito internacional los países han tenido que soportarla.  El ejemplo escogido para ilustrar lo dicho es un caso complicado e injusto que México enfrentó a lo largo de un siglo.

En 1685, la Corona Española declaró irrealizable la conquista de California luego de fallidas expediciones. Eusebio Kino fue uno de los integrantes de la última y en su ánimo quedaba viva la decisión de misionar en aquél territorio. Junto con los padres jesuitas, Ugarte y Salvatierra obtuvo la autorización del Virrey a condición de procurarse los recursos necesarios para su subsistencia y establecer que lo conquistado sería a nombre del Rey de España.

Los padres se dieron a la tarea de recaudar fondos para poder realizar su obra evangelizadora.  Fue así como nació el Fondo Piadoso de las Californias, con  limosnas y donaciones  de acaudaladas personas de la Nueva España.  A pesar de su entusiasmo, el padre Kino no pudo ver realizado su deseo de propagar la fe en California pues, por órdenes superiores de la Compañía de Jesús, fue asignado a Sonora.  Tocó al padre Salvatierra iniciar la labor con la fundación del presidio de Loreto en la Baja California, el 19 de octubre de 1697.   Para 1767, año en que los jesuitas fueron expulsados de todos los dominios españoles, habían fundado 17 misiones en la Baja California gracias a las constantes aportaciones de sus donantes, incluido efectivo, fincas rústicas y predios.   A la salida de la Compañía de Jesús, las fundaciones ingresaron en el fisco Real y el Papa las declaró suprimidas.

Después de la Independencia de México, el Fondo Piadoso, pasó a manos del nuevo gobierno mexicano.  Sin embargo, al firmarse el Tratado de Madrid el 28 de diciembre de 1836, por el cual se reconocía nuestra Independencia, no se hizo ninguna mención sobre el Fondo, a pesar de que  hacía dos meses se había erigido el Obispado de California, confiando al nuevo obispo García Diego, la administración del mismo.   Seis años después, el presidente Antonio López de Santa Anna decomisó el Fondo,  ordenando que sus propiedades fueran vendidas y el producto pasara a manos del tesoro nacional, comprometiéndose a pagar los réditos de este préstamo forzoso.  El presidente José Joaquín de Herrera, devolvió al Fondo las posesiones que no se habían logrado vender, pero  los intereses no  pudieron ser cubiertos.  Al estallar la guerra entre México y Estados Unidos, García Diego había muerto y el nuevo encargado de la diócesis abandonó Monterey al ser ocupada por los norteamericanos, el 7 de julio de 1847.  Desde esa fecha, la Alta California quedó separada del territorio mexicano y desapareció la jerarquía católica tanto de la Baja como de la Alta California.

Al firmarse el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, para dar fin a la guerra entre los dos países, México quedó relevado de todas las reclamaciones de ciudadanos americanos en su contra antes de esa fecha.  Cualquier reclamación que pudiera haberse originado antes de la firma de dicho Tratado, quedaba cancelada para siempre.

En 1850, la Iglesia Católica norteamericana erigió la diócesis de Monterey y tres años más tarde, la de San Francisco.  Sus respectivos representantes, los obispos Amat y Alemany, presentaron ante el gobierno de Estados Unidos una reclamación contra el de México, solicitando de éste el pago de los réditos del Fondo Piadoso de las Californias  que ellos reclamaron suyo a partir de 1842.  A pesar de que los artículos XIII y XIV del Tratado de Guadalupe Hidalgo declaraban finiquitado todo motivo de reclamación en contra de México, y a pesar de que la erección de las diócesis norteamericanas había sido en 1850 y no en 1842, el gobierno de Washington decidió patrocinar la demanda. Con los años, dicha querella se sumó a otras por lo que, en 1868, se celebró una Convención donde se acordó constituir una Comisión Mixta.  El primer tribunal del arbitraje quedó integrado el 10 de agosto de 1869 y como árbitro se nombró a Sir Edward Thornton, Ministro Plenipotenciario de Gran Bretaña en Washington.

Los obispos de California se presentaron el 31 de marzo de 1870, ante la Comisión Mixta reclamando 3 millones de pesos.  Argumentaban injuria por parte del gobierno de México por haber retirado la administración del Fondo al obispo García Diego.  En diciembre del mismo año, los prelados californianos, aconsejados por su abogado, decidieron olvidarse del capital y reclamar únicamente los intereses adeudados desde el gobierno de Santa Anna.  El fundamento de su reclamación era que el Fondo Piadoso de las Californias, había sido propiedad de la Iglesia Católica de California y que ellos eran los sucesores del primer obispo mexicano, de acuerdo al derecho canónigo y al derecho internacional. El alegato lo centraron en que al separarse la Alta California del territorio mexicano, su Iglesia dejó de pertenecer a la Republica Mexicana para pertenecer a la Iglesia del nuevo país al que ingresaba.

México debió oponerse desde un principio ya que, el asunto objeto de las reclamaciones, era anterior a 1848 y, además, se había presentado extemporáneamente.  Al no hacerlo tuvo que enfrentarse a los mañosos argumentos de los clérigos californianos. Los comisionados mexicanos, Manuel Aspiroz e Ignacio L. Vallarta sostuvieron la falta de interés jurídico en la parte actora, que el Fondo nunca fue propiedad eclesiástica y que, conforme a derecho, los obispos reclamantes no eran sucesores del obispo mexicano.  El laudo fue dictaminado el 11 de noviembre de 1875, en Washington.  México tenía que pagar la mitad de la cantidad reclamada por los obispos.  El primero de 21  pagos parciales lo hizo el gobierno de Porfirio Díaz en 1877.  Aunque México consideraba injusto el fallo en su contra, el presidente Díaz lo cubrió para lograr, junto con otras acciones, el reconocimiento de Estados Unidos.

Nuestro país realizó la liquidación de 21 anualidades.  Sin embargo, desde 1891, nuevamente los obispos de California habían iniciado reclamos por réditos caídos.  Diplomáticamente no se llegó a ningún acuerdo por lo que se optó llevar el problema hasta la corte permanente de Arbitraje de La Haya, el 22 de mayo de 1902.   Las cuestiones sometidas a la corte por el Secretario de Estado norteamericano, John Hay y por el Embajador de México en Estados Unidos, Manuel Aspiroz se redujeron a dos.  Si la reclamación estaba regida por el principio de cosa juzgada y, de no estarlo, si era justa la misma reclamación.  Una y otra parte esgrimieron sus puntos ante 4 árbitros de nacionalidades diferentes a las suyas. El laudo del Tribunal fue dictado el 14 de octubre de 1902, por unanimidad, adverso a México. Nuestro país tendría que hacer pagos a perpetuidad a partir del 2 de febrero de 1903.

Conforme a lo dictaminado, las anualidades se pagaron hasta 1914 en que México se vio forzado a suspenderlos debido a la situación política interna. La mala fe de los obispos quedó demostrada en el reparto del dinero. Los menos beneficiados fueron los padres de la Compañía de Jesús y los más,  personas que nada tenían que ver ni con el Fondo, ni con el arbitraje.

La deuda se acumuló hasta 1967, año en que el gobierno del Presidente Gustavo Díaz Ordaz obtuvo la cancelación definitiva de ese compromiso.  En el informe de gobierno de ese año anunció que: ""Mediante el pago de $716 546 dólares por fin quedó liquidada la vieja reclamación que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica tenía contra el nuestro en el caso del llamado Fondo Piadoso de las Californias"".  De esta manera México se liberó del pago perpetuo de una renta anual a la que se le había condenado desde 1902 y dio término  a las injustas reclamaciones.